martes, 2 de septiembre de 2014

LA REPARACIÓN SIMBÓLICA DESDE LOS VICTIMARIOS: ENTRE EL PERDÓN Y LA IMPUNIDAD

Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria –COSPACC-




El día 19 de Junio de 2014 se llevó a cabo en el municipio de Yopal, Casanare, un acto público de perdón, mediante el cual los Juzgados Administrativos del departamento, obligan a las fuerzas militares comandadas por el Ministerio de Defensa a pedir excusas públicamente a los familiares victimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos”.


Este acto se suma a los ya realizados durante los últimos tres años en diferentes municipios del departamento de Casanare, principalmente en los de mayor influencia petrolera, en los cuales con el fin de garantizar la seguridad para las empresas extractivistas se incrementó la presencia de pie de fuerza en el territorio, lo que  a su vez genero escenarios de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Particularmente en el departamento de Casanare la instalación de la Brigada XVI y su accionar entre los años 2006-2007 en los que era comandante el hoy Mayor General Torres Escalante, dejo numerosas víctimas de ejecuciones extrajudiciales.


Las víctimas de esta estrategia implementada por las fuerzas militares en el territorio nacional durante el periodo del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, no pueden analizarse de manera aislada, ya que responden a una práctica sistemática  implementada en el marco de la llamada seguridad democrática. Bajo esta política, se pretendió mostrar un control del territorio asesinando campesinos y jóvenes en combates simulados y presentándolos como “guerrilleros dados de baja”, por los cuales los miembros de las fuerzas militares recibían recompensas y bonificaciones.
Los actos públicos de perdón se realizan como mecanismos de reparación precedidos por las fuerzas militares, sin embargo, su desarrollo deja de entre dicho la falta de compromiso que asume la institución y el Estado con las victimas al realizarlas sin la convocatoria pública pertinente y al desarrollarlas en el marco de un simple discurso oficial que no supera los 20 minutos. La re victimización del acto es evidente al entregar a la victima un arreglo floral propio de los actos fúnebres y al ofrecer unas palabras en las que simplemente reconocen el hecho como un error operacional, sin asumir los cargos.


Por ello, creemos que no es suficiente la reparación simbólica a través de estos actos en los cuales se culpa de manera generalizada a la institución, sin mencionar detalladamente autores intelectuales y materiales, quienes en la mayoría de los casos no han sido juzgados por la justicia ordinaria colombiana. Así mismo, consideramos que dichos actos no cumplen su objetivo de reparar simbólicamente a las víctimas, ya que los daños psicosociales causados por la muerte de un familiar o líder de la comunidad son imposibles de reparar con un simple acto protocolario, en los que además, la participación de las victimas es relegada al discurso oficial sin contar con un espacio para expresar sus palabras.


Por otro lado, es particular observar la falta de accionar institucional hacia las victimas de ejecuciones extrajudiciales en dos sentidos, el primero en el reconocimiento de todos los casos, ya que aún hay gran cantidad de víctimas sin reconocer en el departamento reproduciendo escenarios de profunda impunidad; y el segundo, en la lentitud de los procesos judiciales para los fallos tanto administrativos como judiciales, es importante observar que en su totalidad los fallos que obligan a las fuerzas militares a desarrollar estos actos públicos de perdón y reconocer a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, se dictan entre seis y siete años después del hecho.

La reparación simbólica a las victimas involucra resarcir el buen nombre de sus familiares, quienes fueros juzgados por parte de la institucionalidad y los medios de comunicación acusándolos de pertenecer a grupos al margen de la ley, lo que a su vez, generó una estigmatización dentro su propia comunidad. Por ello, no solo el Estado sino también los medios de comunicación, tienen la responsabilidad de rectificarse sobre la información que impartieron respecto a las víctimas, garantizando su derecho al buen nombre.


De esta manera, consideramos necesario que la justicia colombiana reconozca todas las victimas de ejecuciones extrajudiciales del departamento de Casanare y en general, de todo el territorio nacional, juzgue a los autores materiales e intelectuales liderados de los altos mandos militares y garantice escenarios de no repetición y vida digna para las comunidades que habitan en territorios de explotación petrolera.



Asumimos como fundamental el reconocimiento de los derechos de verdad, justicia y reparación, generando desde las victimas iniciativas colectivas que reivindiquen las luchas y proyectos de vida de los que fueron silenciados, que construyan las garantías sociales para la no repetición en las próximas generaciones y que tejan en las comunidades memoria contra la impunidad y el olvido. 

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